ámbitos del derecho no penales” (entrevista a Javier Sánchez-Vera, abogado, noviembre
2024).
Pero el problema no se limita únicamente a la detección de hechos criminales cometidos
por profesionales de cuello blanco; se extiende a todo el proceso de investigación penal, ya que,
además de identificar y tipificar el delito, es necesario encontrar pruebas suficientes que aclaren
los hechos y allanen el camino para imputar y enjuiciar a los posibles culpables.
En este sentido, los entrevistados destacan la extrema dificultad de dicho proceso, que
conlleva numerosas actividades de cierta complejidad: revisar documentación pública
(licitaciones, adquisiciones, resoluciones administrativas), evaluar patrimonios (adquisición y
mantenimiento de inmuebles, estancias, automóviles), y organizar vigilancia encubierta para
observar los movimientos de los sospechosos y con quiénes se relacionan. Todo esto, con el
fin de reunir indicios suficientes que permitan obtener una autorización judicial para revisar
cuentas bancarias, realizar escuchas telefónicas o ambientales, y de esta manera recolectar
pruebas que justifiquen la realización de interrogatorios a los sospechosos y allanamientos en
sus domicilios o lugares de trabajo.
El proceso descrito, largo y complejo, determina desde el inicio una ampliación
desmesurada de los tiempos necesarios para su cumplimiento, desde la detección del delito
hasta las últimas instancias de casación (en España ante el Tribunal Supremo), donde se cierra
definitivamente el juicio.
Tardan mucho, llegan aquí muy tarde (…) estafa, corrupción en la administración,
cohechos, esos suelen tardar mucho en la instancia, ahora [en dos mil veinticuatro] estoy
yo acabando una sentencia, un asunto de estos, ha sucedido en dos mil siete, iniciada la
instrucción en dos mil catorce, esos son muy frecuente que tarde mucho es una de las
grandes, tardan mucho porque se atacan en la instrucción (entrevista a Antonio del
Moral, magistrado del Tribunal Supremo, noviembre 2024).
Estas complejidades han llevado, en distintos países, a la creación de fiscalías
especializadas en crimen organizado y corrupción, que, por ende, terminan ocupándose también
de los delitos de cuello blanco, dado que estos, como ya señalamos, están íntimamente
relacionados con los primeros. La especialización, si se alimenta adecuadamente, permite
efectivamente resolver problemas que un fiscal territorial difícilmente podría siquiera enfrentar.
La posibilidad, para un fiscal especializado, de acceder a formación e infraestructuras
adecuadas para su labor, a un amplio conjunto de peritos técnicos especializados en temas